El diputado dijo que en el actual período se han registrado 215 ataques, 90 agresiones y 40 amenazas contra la Asamblea Nacional por parte del régimen de Nicolás Maduro

 Nota de prensa

 “Desde su instalación, el 5 de enero de 2016, hasta la fecha, la sede de la Asamblea Nacional (AN) ha sufrido al menos 215 ataques y los diputados de la Unidad Democrática hemos sido objeto de 90 casos de agresiones físicas, de las cuales 67 han sido perpetradas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana durante las protestas de calle. También hemos recibido más de 40 amenazas. Esto es un ejemplo de la persecución y el asedio sistemático del régimen chavista contra el único poder legítimamente constituido en Venezuela”.

Así lo expresó este lunes el diputado y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Comisión de Seguridad y Defensa de la AN, Armando Armas, durante su ponencia en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington DC, en el marco de la investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Hoy vengo a darles testimonio de primera mano de la violencia de Estado a los que estamos expuestos los venezolanos por motivos políticos (…) Contusión y corte en el cráneo con herida profunda en el cuero cabelludo. Diez puntos de sutura y un hematoma en el ojo izquierdo que me acompañó durante casi un mes. Ese fue el resultado de la golpiza que recibí en las áreas verdes del Palacio Federal Legislativo, a plena luz del sol, bajo la mirada pasiva del coronel Bladimir Lugo Armas, jefe de las fuerzas de seguridad que custodian la sede del poder Legislativo y demás funcionarios”, dijo Armas al referirse a las agresiones que sufrió el pasado 5 de julio durante el asedio al Parlamento por parte de grupos encapuchados, y que casi le cuestan la vida.

“Pero no era yo el único bajo ataque en ese momento. La AN había sido invadida con ayuda de la Guardia Nacional por grupos civiles violentos y armados afectos al régimen de Nicolás Maduro, que no sólo agredieron físicamente a trabajadores del parlamento, sino que dejaron evidencia de disparos y otros daños físicos en los edificios de la sede. Mi compañero diputado Américo de Grazia, fue abordado y golpeado brutalmente hasta convulsionar cuando se dirigía a socorrerme. Él salvó mi vida. Dios y la Divina Providencia no quisieron que yo muriera ese día”.

Aseguró que las atrocidades contra la Asamblea Nacional han sido orquestadas desde el "régimen delincuencial" de Nicolás Maduro y hasta la fecha no ha habido investigaciones ni detenciones por esta causa. Por el contrario, los militares involucrados en estos casos recibieron condecoraciones por su labor.

“De todos estos ataques hay pruebas. Nos atacan en el ámbito institucional, para impedir el ejercicio de sus facultades o lo que se denomina un golpe de estado; ylas violaciones a los Derechos Humanos y persecución política contra diputados por pertenecer a una “colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”, delito que contempla sanciones penales según los estipulado en el artículo 7, parágrafo 1 y literal h del Estatuto de Roma.

Más violaciones

Armando Armas también denunció otras irregularidades contra los integrantes de la bancada opositora, como las detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales, que violan la inmunidad parlamentaria; la anulación y confiscación del pasaporte venezolano, contraviniendo su derecho a la ciudadanía y al libre tránsito; la suspensión de los salarios desde agosto de 2016 y los ataques y daños a la integridad personal, incluso disparos de metras para no dejar rastro balístico, entre otras.

“Estas acciones representan un total desacato a la Constitución Nacional y a todos los tratados y pactos internacionales de Derechos Humanos de los cuales forma parte Venezuela. Son también una muestra del maltrato que este régimen propina a todos sus ciudadanos, amplificado y ejemplificado en nosotros los diputados”.

El opositor aspira a que su exposición contribuya a sustanciar las denuncias que son presentadas en las audiencias públicas de la OEA y que podrían ser llevadas a la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad.

“La comunidad internacional debe entender lo que ocurre en Venezuela, donde se viola el estado de derecho, los principios democráticos y la voluntad popular contra la única institución legítimamente electa; para que en apego a los principios y garantías de los Derechos Humanos, eviten que se genere una situación que nadie quiere para el hemisferio”.