El defensor de DDHH instó al Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, a dejar de lado su militancia en el PSUV y hacer valer los derechos constitucionales de los venezolanos

Redacción

El defensor de Derechos Humanos, Rafael Narváez, emplazó a las instituciones públicas en materia de seguridad ciudadana, así como las encargadas de velar por el respeto de derechos civiles y políticos y resguardar a los venezolanos, a garantizar el derecho a la protesta, establecido en la Constitución Nacional y no utilizar armas largas y sustancias tóxicas para reprimir la manifestación pública denominada “Toma de Caracas” pautada para el próximo 1º de septiembre.

En este sentido Narváez instó al Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, a dejar de lado su militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y hacer valer los derechos constitucionales de los venezolanos que protestarán para exigir la realización de Referendo Revocatorio.

Emplazó al mayor general Reverol a garantizar que ni funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ni de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) utilicen armamento para represión a quienes acudan a la convocatoria realizada por sectores de oposición. “Si hay uso de este armamento, le recuerdo Ministro Reverol que esos crímenes no prescriben” advirtió.

Así mismo exhortó al Ministerio Público (MP) a garantizar el debido proceso y a la Defensoría del Pueblo a emitir pronunciamientos y realizar labores efectivas para garantizar los derechos fundamentales de los manifestantes. Con esto, rechazó lo que calificó como amenazas del Gobierno nacional a quienes decidan acudir a marchar el próximo 1º de septiembre en la capital del país.

Por otra parte, Narváez rechazó los anuncios del Gobierno nacional de despedir funcionarios públicos por razones políticas, especialmente por haber firmado a favor de un Referendo Revocatorio. Señaló que se trata de un apartheid político similar al ocurrido con la denominada Lista Tascón que afectó a cuatro millones de venezolanos.

Emplazó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público a realizar investigaciones, pronunciamientos de rechazo contra la violación de derechos humanos fundamentales, sobre todo de índole laboral y política, así como fijar posición de defensa a quienes resultaron afectados por la ola de despidos por parte de ministros del gabinete gubernamental.