Los economistas Carlos Guzmán y Gilberto Román coinciden al afirmar que al producirse un cambio de gobierno en Venezuela, éste podría desconocer compromisos que no hayan sido aprobado por la AN

Niurka Franco

Para los economistas Carlos Guzmán y Gilberto Román, la decisión del TSJ que autoriza al Banco Central de Venezuela para  suscribir préstamos con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) por 1 millardo de dólares obviando  la aprobación de la Asamblea Nacional (AN) constituye un ilícito más del gobierno.

“Los empréstitos de organismos financieros internacionales deben recibir el aval del Congreso o en nuestro caso de la AN , de lo contrario se corre el riego de que una vez cambie el gobierno, el compromiso sea desconocido por el gobierno siguiente”, asevera Guzmán, quien además es catedrático de la Universidad Santa María.

A su juicio, el  Banco Central de Venezuela ha estado actuando como un banco del gobierno y no como el máximo ente emisor de la república, el cual tiene la responsabilidad de velar por la salud financiera y la estabilidad monetaria del país.

“Ya sabemos a dónde irán a parar esos recursos, al igual que otros tantos otorgados al gobierno: al gasto dispendioso y no a inversiones con posibilidad de retorno”, dijo para subrayar el  gobierno tiene ropaje democrático por su origen, pero que su proceder es autoritario, lo que se evidencia en el desconocimiento de la AN, siendo éste uno de los poderes con mayor legitimidad, al ser depositario de la voluntad popular.

TSJ arbitrando a favor del gobierno de turno

Desde la perspectiva de Gilberto Román, la Constitución de la república establece claramente que en materia de empréstitos la AN debe mediar y que si hay algo de relieve en la decisión del TSJ, es que está arbitrando a favor del gobierno der turno.

“Se demuestra una vez más la poca autonomía del BCV que sigue demostrando que la improvisación es el patrón por el cual se rige el gobierno. El economista sostiene que quienes tienen  la responsabilidad de gerenciar el país se han empeñado en aplicar políticas como si se tratara de una colcha de retazos y encima viven tercerizando las culpas, mientras el riego país que es la suma de condiciones de fiabilidad del país, sigue creciendo. “Esta decisión  del TSJ de bypasear a la AN es un acto de desespero que viene a engrosar el expediente de corrupción que ya tienen, al que le quieren anexar  más endeudamiento para los niños a futuro y hambre para los del presente“.

Desde que la AN controlada por la oposición está ejerciendo, todas sus acciones han sido desestimadas, este es el décimo octavo fallo del TSJ en contra de las competencias y actuaciones del Parlamento.