Algunos miembros consideran que hasta la mera designación de un relator especial por parte del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, es una “intrusión política”

Redacción 

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, una coalición de 35 organizaciones pidió a la Asamblea General de la ONU, de 193 miembros, que designe a un representante especial del secretario general para vigilar y supervisar la seguridad de las y los profesionales en todo el mundo.

“Obviamente es algo de los que somos conscientes”, aseguró el portavoz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Stephane Dujarric. “Pero veremos cómo avanza el debate en la Asamblea General”, apuntó.

Un diplomático asiático que pidió no ser identificado dijo a IPS que estaría “gratamente sorprendido” si el plenario aprueba la propuesta.

Algunos miembros consideran que hasta la mera designación de un relator especial por parte del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, es una “intrusión política” y se niegan a las visitas formales de esos enviados para investigar violaciones a los derechos humanos, acotó el diplomático.

Por ejemplo, el relator especial para Irán no ha conseguido ni un permiso para visitar ese país desde que se creó el cargo hace cinco años; el relator especial para la tortura no ha podido visitar Estados Unidos y el designado para atender la violencia contra las mujeres no puede ingresar a centros pentienciarios del estado de Michigan.

Desde 2012, la ONU adoptó varias resoluciones que condenan el asesinato y el encarcelamiento de periodistas. Pero las medidas concretas están muy rezagadas con respecto a los pronunciamientos públicos.

Un representante especial, de ser aprobado por la Asamblea General, “atraería más la atención sobre los riesgos que afrontan los periodistas, y al trabajar de cerca con el secretario general, tendría el peso político y la legitimidad para tomar medidas concretas para proteger a los periodistas y para que las agencias de la ONU se hagan responsables de integrar un plan de acción en su trabajo”, observó la coalición en una carta dirigida al secretario general, Ban Ki-moon, y a los estados miembro.

Entre las 35 organizaciones que integran la coalición se encuentran el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, Índice de Censura, la Federación Internacional de Periodistas, Media Watch y la Asociación Mundial de Periódicos.

Según el CPJ, con sede en Nueva York, 1.189 periodistas fueron asesinados desde 1992 y los cinco países donde más mueren los profesionales de la prensa son Iraq, con 174 muertos, Siria, con 94, Filipinas, con 77, Argelia, con 60, y Somalia, con 59.

Encima, los asesinatos quedan impunes en nueve de cada 10 casos, “una estadística que rara vez cambia desde 2012”, puntualizó CPJ.

Los responsables son tanto fuerzas rebeldes y organizaciones terroristas como los gobiernos en el poder. Lo lamentable es que los asesinatos ocurren en países que forman parte de algunas de las resoluciones adoptadas por la ONU.

La resolución sobre la protección de periodistas se adoptó por primera vez en noviembre de 2013 y se reafirmó en 2015, por tercer año consecutivo.

Bob Dietz, coordinador del programa Asia del CPJ, dijo a IPS que la ONU ha emitido muchas declaraciones correctas en materia de protección de periodistas, pero no las acompañó de muchas acciones manifiestas.

“No hemos visto mucha acción desde la introducción del Plan de Acción de la ONU para la seguridad de los periodistas y la Impunidad dentro de la ONU o sus estados miembro”, observó Dietz.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París, fue la agencia de la ONU designada para promover la libertad de expresión y de prensa, pero no ha logrado muchos resultados.

“Y el movimiento que generó el plan no parece realmente haber concentrado la atención de un amplio espectro de agencias de la ONU”, añadió.

Hubo algunos intentos en ciertos países por rectificar la situación, pero es difícil concretar acciones internacionales sostenidas para hacer frente al problema, se lamentó.

Dujarric declaró a la prensa que la posición del secretario general en materia de libertad de prensa es clara y quienes acosen, asesinen y torturen periodistas deberán hacer frente a la justicia.

También señaló que hay numerosos mecanismos en funcionamiento en diferentes partes del sistema de la ONU, ya sea de derechos humanos o la Unesco, que procuran colaborar en la protección de los profesionales de la prensa.

Ian Williams, corresponsal de Tribune en la ONU y autor de “Untold: a fUN guide to the UN”) “Incalculable: una guía de la ONU para la ONU”, dijo a IPS que la posición del foro mundial en materia de libertad de prensa puede parecer contradictoria.

Por ejemplo, la Unesco le dio el Premio a la Libertad de Prensa 2016 a Khadija Ismayilova, una periodista de Azerbaiyán detenida en septiembre de 2015 y condenada a siete años y medio de cárcel bajo cargos espurios.

Sin embargo, la agencia no canceló, y de hecho celebra activamente, a su embajadora de buena voluntad Mehriban Aliyeva, esposa del presidente azerí Ilam Aliyev, a pesar de que en 2012 otorgó el premio a otro reportero de ese país perseguido Eynulla Fatullayev.

En términos generales, probablemente sea cierto que allí donde los medios son perseguidos, también lo es la población.

En particular, hace nueve años, después de que Wikileaks divulgara en 2007 imágenes de militares disparando contra un equipo de la agencia de noticias Reuters y contra los civiles que trataban de socorrerlos desde un helicóptero estadounidense, el silencio de la prensa occidental fue ensordecedor, con la consiguiente completa impunidad de los responsables y sus comandantes, subrayó Williams.

“Los periodistas no son criminales. Pero a menudo sufren malos tratos o hasta encuentran la muerte porque tienen el valor de denunciar hechos delictivos”, puntualizó Ban.

Solo en 2015, 105 periodistas perdieron la vida. La muerte de profesionales occidentales a manos de Daesh (acrónimo árabe del Estado Islámico) o de otros grupos extremistas violentos concentró la atención mundial. Pero 95 por ciento de los periodistas asesinados en conflictos armados son reporteros locales, acotó.

En abril de este año, el reportero mexicano Moisés Dagdug Lutzow fue asesinado en su casa en la ciudad de Villahermosa. El periodista policial Elvis Ordaniza, de Filipinas, recibió un disparo que le causó la muerte. Lo mismo sucedió con Karun Misra, jefe de oficina de distrito del diario Jan Sandesh Times, de India.

“Cada vez que matan a un periodista o que silencian a la prensa, el derecho y la democracia se debilitan”, remarcó Ban Ki-moon, al apelar a los estados miembro a “participar en el Plan de Acción para la seguridad de los periodistas de la ONU”.