El Proceso Kimberley exige que sus miembros demuestren que tienen la legislación y las instituciones para evitar el comercio de diamantes de zonas de conflicto

Con información de Reuters

Venezuela espera reintegrarse este año al organismo que busca detener el comercio de diamantes procedentes de zonas en conflicto, ya que quiere reanudar sus exportaciones de piedras preciosas, dijo uno de los directores del banco central de ese país.

"Estamos seguros de que nos reintegraremos este año", aseguró José Khan a Reuters el martes, en el marco de una reunión internacional del Proceso Kimberley.

Venezuela era un pequeño exportador de alrededor de 3.000 quilates al mes hasta que, incapaz de verificar la legitimidad de sus diamantes, detuvo la emisión de certificados de exportación en el 2005, dijo el funcionario.

En el 2008, el país se retiró unilateralmente como participante activo en el Proceso Kimberley. Tras su salida, Venezuela no tuvo permiso oficial para exportar diamantes, aunque el contrabando continuó en los años siguientes.

"Nos fuimos en el 2008 cuando estábamos tratando de organizar nuestra política minera. Ahora estamos preparados para unirnos ya que cambiamos nuestra ley", señaló Khan.

Venezuela lidia con inflación de tres dígitos y una escasez crónica de productos básicos ante el desplome de los precios del crudo -su principal exportación-, por lo que en el largo plazo la reintegración de Venezuela al Proceso Kimberley le daría un importante impulso a la economía del país.

El grupo busca acabar con el comercio de diamantes de zonas en conflicto, también conocidos como "diamantes de sangre", que afirma son usados por grupos rebeldes para financiar guerras contra gobiernos legítimos.

Ahmed Bin Sulayem, presidente del Proceso Kimberley para 2016, ha viajado a Venezuela desde que asumió el cargo para acelerar el proceso de readmisión del país.

"Venezuela será readmitida como miembro pleno dentro de mi período como presidente", afirmó Bin Sulayem durante el foro.

El Proceso Kimberley exige que sus miembros demuestren que tienen la legislación y las instituciones para evitar el comercio de diamantes de zonas de conflicto, así como la exportación, importación y controles internos, y el compromiso con la transparencia y el intercambio de información.