El director de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental del Ministerio Público, Abigail Rodríguez, explicó que las medidas precautelativas fueron acordadas en 2014

Redacción

A solicitud del Ministerio Público, se ratificó un conjunto de medidas de protección ambiental, consistentes en la prohibición de la práctica ilegal de la minería en los ecosistemas naturales de los ríos Orinoco y Caroní, además de las Áreas Bajo el Régimen de Administración Especial de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

El director de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental del Ministerio Público, Abigail Rodríguez, explicó que las medidas precautelativas fueron acordadas en 2014, pero el pasado lunes 4 de abril resultaron ratificadas por la referida instancia judicial.

Señaló que la aludida instancia judicial autorizó a los funcionarios de la REDI Guayana a desmantelar campamentos y estructuras utilizados para las labores ilícitas que derivan en la contaminación de las aguas, la destrucción de la vegetación y la degradación de los suelos.

Igualmente, el tribunal ordenó a los militares incautar el mercurio utilizado para la explotación ilícita de oro, hierro, diamante, bauxita y coltán, entre otros recursos mineros, en función de evitar no solamente la contaminación de aguas y suelos, sino también la afectación de la salud de las personas.

Otra de las medidas de protección se refiere a que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil debe reforzar los procesos de supervisión y control de las aeronaves que se dirijan al territorio bolivarense con materiales que puedan ser aprovechados en los centros de explotación no autorizados.

Las medidas ambientalistas incluyen la ejecución de programas de saneamiento y reforestación de las áreas afectadas, bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas.

Rodríguez informó que este miércoles 6 de abril se llevará a cabo un taller de formación para los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del estado Bolívar, en el que se ofrecerán herramientas jurídicas y de prevención ecológica para el abordaje de los diferentes procedimientos penales de minería ilegal.