Los índices de aprobación de Rousseff han caído en picada en medio de la peor recesión en décadas

RIO DE JANEIRO (AP) - Las probabilidades de que la presidenta brasileña Dilma Rousseff sobreviva a un juicio político parecían disminuir el miércoles luego de que tres partidos renunciaron a su coalición de gobierno en 24 horas, al tiempo que los legisladores brasileños se preparan para una crucial votación al respecto prevista para el fin de semana.

Las deserciones de partidos centristas de tamaño medio desataron una creciente sensación de desaliento entre los miembros del izquierdista Partido de los Trabajadores de Rousseff de cara a la votación prevista para el domingo en la Cámara de Diputados. Esa votación determinará si procede el juicio político a la presidenta, acusada de violar normas fiscales.

Los partidarios del juicio político necesitan dos tercios de los 513 votos en la cámara baja, equivalentes a 342 sufragios, para enviar el proceso al Senado a un posible juicio. De acuerdo con un cálculo del diario Folha de S. Paulo, 284 legisladores están a favor del proceso de destitución, mientras que 114 se oponen y 115 están indecisos.

Si bien el desenlace sigue pareciendo demasiado estrecho como para pronosticar un resultado, el abandono de la mayoría de los 36 diputados del Partido Socialdemócrata, del Partido Progresista de 47 escaños y del Partido Republicano Brasileño con 22 legisladores dificulta mucho más que Rousseff obtenga el tercio de votos que necesita.

En un inusual momento de noticias positivas para el gobierno, los líderes del Partido Democrático Laborista prometieron emitir sus 20 votos en contra del juicio político.

Pero la pérdida de tres partidos más fue un golpe para la coalición gobernante aproximadamente dos semanas después que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más grande del país, también renunció a la coalición. El PMDB tiene 66 diputados en la cámara baja.

"Ministros cercanos a Dilma creen que la batalla contra el juicio político está prácticamente perdida", escribió la respetada columnista del Folha de S. Paulo, Monica Bergamo, el miércoles. "No todos ellos han arrojado la toalla definitivamente, pero el consenso es que el gobierno pasa por su peor momento".

Los índices de aprobación de Rousseff han caído en picada en medio de la peor recesión en décadas, el brusco aumento del desempleo y la inflación, y una pesquisa por corrupción en la petrolera estatal Petrobras que en los últimos dos años ha implicado a decenas de jerarcas políticos de todo el espectro político, así como a algunos de los empresarios más poderosos.

La presidenta parecía simultáneamente desafiante y conciliatoria el miércoles, jornada en la que expuso sus planes para "una vez que se le haya dado vuelta a esta página". Durante un evento sobre la modernización de la infraestructura portuaria de Brasil, prometió que "a partir de la próxima semana" su gobierno se acercaría incluso a sus enemigos en un intento por hacer que el país retome el camino.

Ricardo Berzoini, el ministro de asuntos políticos de Brasil y aliado de Rousseff, dijo en una conferencia de prensa que el gobierno podría presentar una petición a la Corte Suprema para que intervenga ante los esfuerzos de destitución el miércoles por la noche o el jueves.

"No podemos jugar con la democracia", indicó. Berzoini añadió que Rousseff se reúne con legisladores individualmente para presentar sus argumentos.

Funcionarios de la Cámara de Diputados anunciaron el orden en que deberán emitirse los votos el domingo, que es acorde con un plan del presidente de la cámara, Eduardo Cunha, un enemigo de Rousseff que ha sido el principal impulsor del proceso de destitución. La votación iniciará con los representantes de los estados sureños de Brasil, que tienden a oponerse marcadamente a Rousseff, y avanzará gradualmente hasta terminar con los estados de fuerte apoyo al gobierno, en un aparente intento de crear la impresión de una imparable ola de apoyo al juicio político.

El periódico O Globo en Río de Janeiro señaló que bajo tal sistema, el primer diputado en emitir su voto sería Afonso Hamm, un legislador del Partido Progresista del estado sureño Rio Grande do Sul. Hamm se encuentra bajo investigación por la Corte Suprema de respecto a su presunta participación en la investigación de corrupción en Petrobras.

El juicio político deriva de acusaciones de que el gobierno de Rousseff violó las normas fiscales al trasladar asignaciones presupuestarias para ocultar problemas. Los partidos de la oposición acusan que las maniobras contables le permitieron ganar apoyo público y que el juicio político corresponde a los deseos de la mayoría de los brasileños.

Rousseff y sus partidarios dicen que las denuncias son falsas e insisten en que las maniobras financieras como las que ella realizó son práctica habitual, utilizada por dos presidentes anteriores. La presidenta ha denunciado repetidamente el proceso como un intento de golpe de Estado y una descarada apropiación de poder de parte de sus adversarios.

Si los partidarios del juicio político ganan la votación del domingo, el proceso avanza al Senado, donde una votación determinaría si debería iniciarse un juicio contra Rousseff. En tal caso, ella sería suspendida como presidenta y el vicepresidente Michel Temer asumiría interinamente. Temer también ha sido mencionado en un testimonio de acuerdo de culpabilidad en el caso de Petrobras.