Si las políticas económicas del Gobierno no cambian, la expectativa inflacionaria del país subiría a 1642% para 2017

Redacción/Nota de Prensa

El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Marquina, indicó que Venezuela es actualmente el país con la inflación más alta del mundo. “Las proyecciones publicadas el día de ayer por el Fondo Monetario Internacional son sencillamente dramáticas. El FMI establece una inflación para el año 2016 de 481.5%; es decir, tres veces más de la inflación que tuvimos el año pasado”, dijo en declaraciones a la prensa durante la sesión ordinaria de esta Comisión realizada este miércoles.

El asambleísta añadió que si las políticas económicas del Gobierno no cambian, esa expectativa subiría a 1642% para 2017, lo que calificó como una muestra del “colapso” venezolano. “Ningún país de Latinoamérica está entre los diez países con mayor inflación. Ningún país de la región tiene una inflación de dos dígitos, excepto Argentina, donde esta cifra roza el 10%”.

La lista del FMI para el 2017 la completan Zambia, Angola, Nigeria, Sudán, Bielorrusia, Etiopía, Ucrania, Egipto y Ghana. 

De acuerdo con Marquina, esta situación es producto de la política monetaria del Banco Central deVenezuela. En este sentido, indicó que por esta razón “habíamos modificado la Ley del BCV y, lamentablemente, en una decisión inconstitucional, emitida por la sala Constitucional, declaró nula no esta Ley, sino declararon inconstitucional la propia Carta Magna porque copiamos textualmente la norma constitucional y la pegamos en la Ley”.

Reiteró que esta sentencia redactada por el magistrado Calixto Ortega es un duplicado del informe que la máxima institución económica del país le entregó a la Consultoría Jurídica. 

El diputado destacó que hay que restituir el estado de Derecho y la Constitución dentro de los Poderes Públicos, ya que denunció que “estos magistrados exprés fueron designados para esto, fueron designados para que le hicieran el trabajo inconstitucional e ilegal de darle basamento legal a las actuaciones del Gobierno”.