La decisión se produce poco después de que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo de ministro de la Presidencia del Gobierno

Con información de EFE

Un juez de Brasilia anuló hoy de forma cautelar el nombramiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia del gabinete de su sucesora, Dilma Rousseff, informaron fuentes judiciales.

La decisión se produce poco después de que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo de ministro de la Presidencia del Gobierno de su pupila política, la presidenta Dilma Rousseff, en medio de protestas de grupos opositores y manifestaciones de apoyo.

Esta decisión judicial, adoptada por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, anula así el acto en el que Lula prestó juramento hoy ante Rousseff.

Una mañana movida

En horas de la mañana, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, había tomado juramento como nuevo ministro a su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva, en una ceremonia en la que hizo unas críticas muy duras a los jueces que lo investigan por supuesta corrupción.

"Las circunstancias actuales me dan la magnífica oportunidad de traer al Gobierno al mayor líder político de este país", dijo Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto, al que acudieron cientos de parlamentarios tanto oficialistas como opositores.

En un ambiente de abierta polarización entre ambos bandos, Rousseff expresó su "repudio total e integral" a la divulgación por parte del tribunal que investiga al expresidente de unos audios de una conversación entre ambos, que parece sugerir una maniobra de la gobernante para influir en favor de su nuevo ministro.

Lula, acusado de corrupción, prestó juramento ante Rousseff en un acto celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, cercado por cientos de personas que expresaban su apoyo al Gobierno o su rechazo que el expresidente accediera al gabinete.

A la ceremonia asistieron decenas de parlamentarios del grupo oficialista, que recibieron a Lula y a Rousseff al grito de "no habrá golpe", en alusión al trámite con miras a un posible juicio político contra la gobernante, que debe reanudarse hoy en la Cámara de Diputados.

También estaban presentes legisladores de la oposición, algunos de los cuales gritaron "vergüenza" y se enzarzaron en un breve duelo de consignas con los oficialistas.

El escándalo

El nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, el cargo más influyente del Gobierno, ha generado un terremoto político por los problemas a los que el ex jefe del Estado se enfrenta con la justicia, que se agravaron con la difusión de unas polémicas grabaciones que sugieren que Rousseff intentó influir a su favor.

Las grabaciones que agravaron la crisis fueron divulgadas ayer miércoles por el juez Sergio Moro, del sureño estado de Curitiba y responsable de la investigación de la corrupción en la empresa estatal Petrobras, que afecta a decenas de políticos, entre los que está el propio Lula.

La condición de ministro que lograría Lula le garantizaría un fuero privilegiado, permitiendo que las causas en su contra salgan de la órbita de Moro y pasen a la Corte Suprema.

La difusión de los audios y la sospecha que de Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso llevó a miles de personas a protestar en todo el país y exigir la destitución de la mandataria, como el pasado domingo ya lo habían hecho 3,5 millones de personas en la mayor manifestación política de la historia brasileña.

También tras conocerse esas grabaciones, la Cámara de Diputados decidió retomar hoy mismo el trámite para un posible juicio político contra Rousseff, cuyo apoyo en el Congreso ha ido menguando al calor de la severa crisis política en la que se ha sumergido el país.

Una vez difundidas las grabaciones, el Partido Republicano decidió abandonar la coalición de Gobierno y se posicionó en favor de la destitución de Rousseff.

Esa formación cuenta con 21 de los 513 diputados y sólo uno de los 81 senadores, números no muy significativos pero que son cruciales para el Gobierno frente a un posible juicio político a la mandataria.