Con la Ley de limitación de telefonía celular e internet en las cárceles  en año y medio los delitos de secuestros y extorsión podrían reducirse en un 30%

Redacción  

Las comisiones permanentes de Cultos y regímenes penitenciarios y la de Política Interior realizaron el pasado miércoles una consulta ampliada sobre la Ley de Limitación de telefonía celular e internet en los recintos penitenciarios.

En la consulta participo el abogado y especialista en la materia Luis Izquiel, quien destacó la importancia del instrumento legal, pues es bien sabido por los venezolanos que desde las cárceles se planifican secuestros y robos en contra de personas susceptibles a ser víctimas de estos delitos.

Izquiel insistió en que de ejecutar lo que establece esta ley, arrojará resultados casi inmediatos, pues aunque las autoridades lo nieguen existe en las cárceles del país la figura de los pranes, como ha quedado evidenciado en hechos públicos y notorios, como el de la cárcel de San Antonio, del estado Nueva Esparta.

Por su parte el abogado y profesor universitario Fermín Mármol García, expuso la grave crisis de hacinamiento y dotación de las cárceles venezolanas, problema que se ha trasladado a los calabozos de las diferentes policías del país recintos que son de transición, sin que exista una política gubernamental para descongestionar estas celdas.

Puntualizó el criminólogo, que de aplicarse esta ley en año y medio los delitos de secuestros y extorsión podrían reducirse en un 30%.

Al término de la actividad la diputada Delsa Solórzano aseguró que este decreto reducirá considerablemente los delitos de extorsión y secuestro, e indicó que también se puede lograr la disminución de hechos delictivos como el robo de vehículos que se coordina desde las cárceles.

“Esperamos que esta ley en un máximo de 30 días esté vigente y sea una contribución importante para la disminución de los delitos en Venezuela”.

El diputado Richard Blanco, destacó que la ley que es aplicable de manera inmediata con bloqueadores en los recintos y para darle acceso a los privados de libertad para comunicarse con sus familias la instalación de teléfonos  locales que identifiquen la procedencia de la llamada, eso garantizaría la seguridad de los ciudadanos.