El diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia, aseguró  que lo que apruebe el parlamento tendrá como norte la moral yla ética, para restituir la independencia de poderes

Redacción/Nota de prensa

El presidente de la   Comisión Especial nombrada para evaluar ladesignación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, diputado Carlos Berrizbeitia (Unidad/Carabobo), aseguró que el informe que este órgano presente ante la plenariaestará sujeto a la moral y la ética,  y quecualquier acción política que se proponga tendrá como base la legalidad y el baluarte de la verdad.

Aseveró que la Asamblea noestá buscando parcelas de poder, ni imponerseante el Tribunal Supremo. “Lo que tratamos de imponer es la moral y la ética en una institución tan importante como el máximo tribunal,  que se ha desviado de su función que esimpartir justicia”.

La afirmación fue hecha por el parlamentario en la reunión de la comisión con un grupo de juristas de las facultades de derechoyasociaciones civiles, quienes plantearon que la Asamblea Nacional tiene varias alternativas para resolver la cuestionadadesignación de magistrados efectuada el 23 de diciembre pasado.

Entre ellas la profesora de derecho público, Claudia Nikken, quien explicó que una de las formas de revertir el acto de designación puede basarse en el artículo 90 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, el cual establece que en los casos en que por error o por carencia de alguna formalidad no esencial se hubiese tomado una decisión,  una vez   constatado,  se podrá declarar la nulidad de la decisión, con el voto de la mayoría simple de los presentes.

A su juicio, utilizando este basamento no se estaría violando ninguna norma jurídica, pues sebasarían en que las inconstitucionalidades presentes en el proceso de designación de los 34 magistrados, afectan el desempeño del Poder Judicial de una forma tal que contribuyen a que sea el peor del mundo.

Así mismo argumentó que la Constitución Nacional contiene elementos que dan fundamento al parlamento para revocar los actos viciados de nulidad absoluta, como lo es esta designación donde no se cumplieron ninguno de los requisitos establecidos legales para ello.

No obstante, la académica enfatizó que para utilizar esta premisa el proceso debe ser inobjetable, pulcro, transparente, formal y sobre todo garantizar elderecho a la defensa y a lainformación de los funcionarios.

Por su parte el también profesor de derecho público,  Rafael Chavero, hizo énfasis enla importancia de esta comisión, la cual a su juicioes no solo revisar la “ineludible revocatoria de una designación viciada, sino que su decisión será el paso inicial para recuperar un poder judicial, autónomo e independiente, pues todas las designaciones de magistrados desde 1999 han sido violatorias de la Constitución”.

Cuestionó como uno de los más graves vicios en los que incurrió el Comité de Postulaciones del Poder Judicial, “el haber pasado por encima a las audiencias públicas de las impugnaciones”, por ello propuso la realización de un proceso de selección abiertay televisado.

Dos posiciones

El diputado Stalin González (Unidad/Dtto capital) solicitó la opinión de los juristas presentes sobre una alternativa que han venido planteando algunos sectores en la comisión, como lo es la reforma del la Ley del Tribunal Supremo de Justicia para ampliarel número de magistradosde la Sala Constitucional y así equilibrar su composición, connombramientos producto de un proceso deselección respetable. 

Esto se maneja ante la posibilidad del no reconocimiento de la Sala Constitucional de la decisión que tomeel parlamento sobre este caso.

Al respecto Humberto Njaim, Decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana, señaló su desacuerdo con esta salida, porque esto equivaldría a legitimar en sus cargos a estos funcionarios designados de manera fraudulenta.

Precisó igualmente que estos nuevos nombramientos estarían revestidos de un tinte político, porque se harían con la convicción de que se estarían nombrando a personas con inclinaciones políticas diferentes a los que están en ejercicio, y la opinión pública vería esto como un acto igual al cuestionado.

En relación al planteamiento de reforma de la ley del TSJ, el profesor Chavero instó a los presentes a estar claros en que la decisión que tome la Asamblea sobre el proceso de escogencia de los magistrados, será suspendido por la Sala Constitucional,  por lo que no se podrá cumplir con la función que el pueblo ha encomendado a la nueva Asambleade iniciar, a corto plazo, la reforma del Poder Judicial.

En consecuencia manifestó su acuerdo con la posibilidad de ampliar el número de magistrados, argumentando que es “una cuestión de supervivencia democrática (…) También es un tema político en el que hay que actuar en el marco de la constitución y la legalidad”.

Se obtendrán los resultados esperados

El diputado Juan Matheus(Unidad/Carabobo) aseguró que hay tiempo y estrategias, precisando que en una situación como la venezolana de lucha yprecariedad institucional,  no se puede adelantar cuál vaa ser la solución de justicia que se alcanzará por prudencia, peroaseguró que se obtendrán los resultados esperados apegados a la legalidad.

Entre la organizaciones asistentes al encuentro estuvieron: Asociación CivilUn Estado de Derecho; Foro Penal Venezolano y Acceso a la Justicia.

En lo que queda de semana la comisión cursará  invitación a losmagistrados designados, al Poder Moral y a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, que llevaron a cabo el proceso administrativo del 23 de diciembre.