El informe denuncia que se siguieron recibiendo noticias de uso excesivo de la fuerza por la policía

Con información de EFE

Venezuela encarceló a quienes "se oponían políticamente al gobierno", hizo un "excesivo uso de la fuerza", continuó la superpoblación de las cárceles y deportó a 2.000 colombianos, denuncia AI.

Según el informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos 2015/2016, en Venezuela "los propietarios de medios de comunicación y los periodistas que se mostraban críticos con las autoridades se enfrentaban a cargos de difamación y sufrían agresiones e intimidación".

AI recuerda que tanto el presidente Nicolás Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, "dieron por la televisión nacional los nombres y apellidos de defensores de los derechos humanos a los que acusaron de dañar la reputación del país y de socavar al gobierno. Algunas de estas personas sufrieron hostigamiento posteriormente".

Cita el caso de Carlos Lusverti, defensor de los derechos humanosy profesor en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica André Bello, que resultó herido en abril pasado al recibir disparos por segunda vez en 15 meses, en un aparente intento de robo.

El informe denuncia que se siguieron recibiendo noticias de uso excesivo de la fuerza por la policía y refiere el caso de Kluiberth Roa Núñez, de 14 años, que murió tras ser alcanzado por una bala de goma disparada por las fuerzas de seguridad en el estado de Táhira "cuando se hallaba en las inmediaciones de una protesta".

Leopoldo López, preso de conciencia y líder del partido de oposición Voluntad Popular, fue declarado en septiembre culpable de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio intencional durante las protestas de 2014.

"Fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. No existían pruebas fehacientes que respaldaran las acusaciones y las declaraciones públicas realizadas por las autoridades antes de su condena; el presidente pidió su encarcelamiento, y socavó así gravemente el derecho del acusado a un juicio con las debidas garantías", estima el dossier.

El informe condena el "uso excesivo de la fuerza" de las fuerzas de seguridad durante la Operación de Liberación y Protección del Pueblo puesta en marcha en julio para abordar los elevados índices de delincuencia.

Anota que "según el Ministerio de Justicia, al mes de iniciarse la operación, 52 civiles habían perdido la vida en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad".

"La elevada cifra de bajas civiles, que contrastaba con la ausencia de lesiones o víctimas mortales entre la policía, apuntaba a que las fuerzas de seguridad podían haber recurrido al uso excesivo de la fuerza o haber cometido ejecuciones extrajudiciales", comenta el dossier.

Según las organizaciones de derechos humanos, el 90 % de las más de 4.000 personas detenidas en los tres primeros meses de la operación fueron luego puestas en libertad sin cargos,"lo que indicaba que se habían efectuado multitud de detenciones arbitrarias", añade.

AI refiere el caso de una comunidad al sur de Valencia, en el estado de Carabobo, donde "las fuerzas de seguridad presuntamente detuvieron en agosto a todos los varones mayores de 15 años y demolieron todas las casas de la comunidad: dejaron sin hogar a al menos 200 familias".

El dossier denuncia que "según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los centros penitenciarios albergaban a un número de reclusos tres veces mayor al de la capacidad para las que estaban diseñados" y añade que "los motines y las protestas -incluidas las autolesiones- para pedir mejores condiciones de reclusión seguían siendo habituales".

AI denuncia la deportación en pocos días en agosto de cerca de 2.000 colombianos, entre los que había personas refugiadas y solicitantes de asilo, "sin disponer de la oportunidad de impugnar su expulsión ni poder recoger sus pertenencias".