Psiquiatra afirma que todos los jueces y magistrados del TSJ son ilegales
Johnny Turner Tajan, profesional de la medicina, afirma que de conformidad con la Ley de Sistema de Justicia, el Poder Popular debe hacer contraloría en la gestión judicial, pero hasta ahora ha sido letra muerta
Niurka Franco
El pueblo venezolano debe ejercer la soberanía de la que tanto alarde hace el gobierno, pero que irrespeta, al desconocer las facultades que por Ley corresponden al ciudadano, afirma Johnny Turnner Taja, médico psiquiatra de reconocida trayectoria en la entidad, quien de manera categórica afirmó al equipo de elmercurioweb.com. que el máximo tribunal del país es ilegal y en consecuencia, también lo son sus decisiones.
Explica el también psicoanalista, que de conformidad con la Ley de Sistema de Justicia, aprobada enoctubre de 2009 y publicada en la Gaceta Oficial Nº39276 el sistema judicial venezolano, al igual que otros poderes, debe estar bajo control supervisión del Poder Popular, es decir del soberano, por lo que la Ley establece la creación de la Contraloría Social Judicial, de conformidad con lo previsto en su artículo 26.
Explica Turner que la normativa contempla además el que se conforme la Comisión Nacional de Integración, órgano cuya creación es responsabilidad de la Asamblea Nacional, no obstante a casi un año de estar funcionando el Parlamento, todavía no ha sido designada, lo que indica que el TSJ es ilegal.
“Todos los jueces y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son ilegales, porque fueron electos sin participación del Poder Popular, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sistema de Justicia, promulgada por el propio gobierno de Hugo Chávez”.
Seguidamente, asegura que la AN debe proceder a designar los dos diputados que habrán de conformar la Comisión Nacional de Integración, que a su vez deberá convocar al pueblo para que realice la contraloría social judicial.
Advierte que si la soberanía reside en el Poder Popular, no puede bajo ningún pretexto, ser saltado un paso tan importante como lo es la contraloría social, para el equilibrado funcionamiento de la administración de justicia.