Entre los citados se encuentran integrantes de la familia inmediata de la pareja presidencial venezolana, así como integrantes de la Casa Militar

Con información de El Nuevo Herald

El periódico estadounidense El Nuevo Herald reseñó la información en la que conoció que la justicia estadounidense citó a 18 personas en Venezuela, incluyendo a familiares del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras recaudar devastadoras pruebas de los teléfonos celulares y computadoras que cargaban los sobrinos de la primera pareja presidencial cuando fueron arrestados por narcotráfico.

Fuentes cercanas al caso aseguraron que entre los citados se encuentran integrantes de la familia inmediata de la pareja presidencial venezolana, así como integrantes de la Casa Militar.

“La fiscalía tiene un As bajo la manga, cuando arrestaron a los sobrinos, les quitaron la laptop, las tabletas y los teléfonos. Y acaban de recibir el informe forense de los laboratorios del FBI”, relató una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.

“Tienen todas las transcripciones de todo lo que ellos hicieron a través de esos teléfonos, que son seis in total porque cada uno de ellos llevaba tres, más los iPads, más una computadora”, agregó.

En los equipos intervenidos aparecen las comunicaciones de “toda una red de narcotráfico” en la que los sobrinos —Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores— estaban involucrados, agregaron las fuentes.

Campo y Flores, quienes fueron criados como hijos por Maduro y su esposa Cilia Flores, fueron arrestados el 10 de noviembre del 2015 en Haití y actualmente están siendo acusados en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York de conspirar para importar 800 kilogramos de alta pureza a Estados Unidos.

Detallada en algunas de las conversaciones transcritas en los informes forenses se encuentran la participación directa de integrantes de la familia Maduro-Flores que aún están en Venezuela.

Algunas de las personas involucradas operaban a través de seudónimos, pero estas están plenamente identificadas. Gran parte de las comunicaciones eran realizadas a través de mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes a través de WhatsApp.

Los citados fueron convocados a través de correos electrónicos para comparecer frente a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York el 21 de octubre.

En las citaciones se les advierte que aquellas personas que decidan no presentarse serán declarados en desacato y podrían enfrentar sanciones penales y civiles.

Los acusados solicitaron suspender las citaciones

En una carta dirigida a la corte de Nueva York que lleva el caso, los sobrinos solicitaron al juez que ordene al gobierno que suspenda la emisión de las citaciones, califícándolas como un “indebido uso” de los poderes de citación del Gran Jurado, dado que los citados se encuentran fuera del país.

“Los acusados también solicitan que se le ordene al gobierno que tome medidas correctivas con respecto a las citaciones que ha emitido indebidamente, principalmente, que notifique que las citaciones enviadas son inválidas y que comunique que no puede obligarles a viajar a Estados Unidos para comparecer frente a un Gran Jurado”.

Los acusados también solicitan que cualquier prueba obtenida a través de las citaciones sea excluida del caso.

Dilema ético para los abogados defensores

“Las citaciones son un burdo intento de engañar a ciudadanos venezolanos para que crean que deben presentarse en Estados Unidos con la esperanza de encontrar alguna nueva evidencia para salvar el caso antes de que vaya a juicio”, dijeron los abogados de los acusados, pertenecientes a la firma Boies Schiller & Flexner.

Los abogados de los sobrinos, Randall W. Jackson, John T. Zach, Joanna Wright de la firma Boies, habían solicitado al juez que negará una audiencia solicitada por la fiscalía para dar explicaciones sobre quiénes pagaban sus muy elevados honorarios.

La solicitud de la fiscalía fue emitida luego que el controversial empresario chavista Wilmer Ruperti declarara al diario The Wall Street Journal que era él quien pagaba los gastos legales, y que lo hacía para defender a la llamada “revolución bolivariana”.

Esa declaración generó nuevas complicaciones para la defensa al crear lo que podría ser un dilema ético para los abogados, quienes al final estarían trabajando para proteger a Maduro en Venezuela y no necesariamente para velar por los intereses de los sobrinos.