El diario norteamericano El Nuevo Herald realiza extenso reportaje sobre la situación de inseguridad que afecta a Venezuela. 

Si la acción delictiva no se castiga, se permisa y eso es precisamente  lo que ocurre en Venezuela, donde  la población es víctima de grupos criminales, hijos del régimen que se han apoderado se localidades completas a las cuales hacen llamar “zonas de paz”, donde actúan con total impunidad 

Antonio María Delgado/El Nuevo Herald

Solían ser pequeñas y ya infundían terror. Pero ahora las pandillas de los barrios en Venezuela han dado paso a la aparición de las llamadas “megabandas”, peligrosas organizaciones criminales conformadas por 50 integrantes o más que han estado operando con impunidad y ejerciendo control sobre vastos sectores de la población.

El fenómeno, en un país que ya era uno de los más peligrosos del mundo, se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el régimen de Nicolás Maduro, que en las últimas semanas se ha visto obligado a salir a combatir a las incipientes organizaciones, emprendiendo redadas bajo el curioso nombre de Operación Liberación del Pueblo (OLP).

Pero estas “megabandas” son hijas ilegítimas del régimen, concebidas bajo los efectos de iniciativas gubernamentales insensatas, la corrupción de funcionarios que les suministran armas de guerra y la impunidad que otorga una inexistente política de Estado para combatir el crimen, dijeron expertos consultados.

Esa combinación de factores creó el ambiente perfecto para la incubación de este tipo de agrupaciones, dijo Luis Cedeño, director ejecutivo del Observatorio de Delito Organizado en Caracas.

Según el observatorio, actualmente operan al menos 12 de estas “megabanda” en Venezuela, que están involucradas en un amplio abanico de acciones delictivas que van desde la extorsión y el secuestro hasta el robo de vehículos y el narcotráfico.

Aunque eso no quiere decir que esas sean las únicas bandas que operan en el país.

Cedeño citó un informe reciente de las autoridades policiales que ubicaba en 94 el número de bandas medianas y grandes que habían sido identificadas en Venezuela.

No obstante, la megabanda es una organización mucho mayor, que surge cuando dos o tres de ellas se fusionan para luego salir a forjar alianzas de operaciones con pandillas más pequeñas, creando así una gran red con un núcleo 50 integrantes, y un ejército de pandilleros afiliados que puede superar ese número.

“Estas bandas, como la de ‘El Picure’ y la de ‘El Juvenal’, han tomado mucha fuerza en número de integrantes, en materia de logística y en capacidad de fuego”, comentó Cedeño.

“Tienen acceso a armas de guerra, Ak-47s, AR15s, granadas fragmentarias – y eso les genera, dentro del mundo criminal, cierta prevalencia, y notoriedad-- y tiene una cobertura geográfica importante, porque coordinan con pequeñas bandas locales, a las que le ofrecen logística y protección”, explicó.

Las megabandas han utilizado ese armamento para no solo emprender sus actividades delictivas, si no también enfrentar las fuerzas del orden de igual a igual, atacando con granadas y rifles de asalto estaciones de policía en incidentes recientes.

Guerra entre dos

El Picure --organización que lleva el nombre de su fundador, José Tovar Colina, alías El Picure-- ha estado en los titulares de prensa últimamente tras una serie de enfrentamientos con los organismos de seguridad en las zonas donde opera, principalmente en los estados Aragua y Guárico.

Según la prensa venezolana, la organización comenzó en el 2008 como una pequeña banda de ladrones de vehículos, que les quitaban las camionetas a los hacendados para luego exigir dinero por devolverlas. A la extorsión derivada del robo de automóviles se unió la aplicada contra los dueños de fincas, comercios y constructoras para evitar robos y secuestros.

Pero fue cuando la organización incursionó en el tráfico de drogas que comenzó a crecer rápidamente. Actualmente se cree que tiene bajo su control varias docenas de hombres y un extenso arsenal de fusiles, armas automáticas, granadas y bombas lacrimógenas.

Los medios locales han resaltado que El Picure ha comenzado a extender sus tentáculos a Caracas pero su poder en la capital es muy inferior al que ejerce “El Coqui”, otra de las megabandas que acapara la atención de los medios por estos días.

Lideraba por Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”, esta agrupación logró establecer una amplia alianza con otras pandillas para conformar una confederación que controla las actividades delictivas en el sur de la capital.

El éxito, sin embargo, acarreó un alto costo para Revete, quien ahora es buscado por más de 200 efectivos de la policía que tomaron posesión de su zona central de operaciones, en un sector de Caracas denominado La Cota 905.

La policía ha realizado varios arrestos y algunos de los presuntos integrantes de la megabanda han sido abatidos como resultado de la Operación Liberación del Pueblo, pero Revete no aparece aún.

Otras megabandas conocidas son: “El tren del Norte”, “Los Capracio”, “El Wilfredo”, “El Peñón”, “El Nelsito”, “La Peca”, “El Totó, “El Tren de Aragua” y “Los Orejones”.

La mayoría de ellos operan en los estados centrales del país y en el corredor nororiental que rodea la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que va desde Caracas hacia Puerto La Cruz. Una de ellas opera en el estado Zulia y otra en la zona minera del estado Bolívar.

El que el régimen ahora haya salido a combatirlas no es una casualidad.

“El costo político de no reprimir se volvió demasiado alto para el gobierno”, dijo Cedeño.

“Las personas que viven en esas zonas comenzaron a padecer altísimos niveles de victimización, a través de crímenes como la extorsión, el secuestro, el robo, el hurto. Y la calidad de vida de esas personas en esas zonas de paz disminuyó de forma importante”, agregó.

Hay cierto tufillo electoral a las redadas. Los vecinos afectados viven en las zonas populares de alta densidad que tradicionalmente han respaldado al chavismo y el tema había comenzado a verse reflejado en las encuestas de cara a las cruciales elecciones parlamentarias de diciembre.

Experimento trágico

Pero las relaciones entre el régimen y los pandilleros no siempre fueron hostiles.

Entre las principales razones atribuidas al surgimiento de las megabandas están las denominadas Zonas de Paz, o territorios libres de presencia policial constituidos para beneficiar a las pandillas con la esperanza de que sus integrantes dejaran de matarse en enfrentamientos territoriales, y que eventualmente depusieran sus armas para incorporarse a la sociedad.

La iniciativa, concebida por el viceministro José Vicente Rangel Ávalos, hijo del ex vicepresidente y ex ministro de Defensa José Vicente Rangel, tuvo resultados parciales.

Los pandilleros, lograron ver las ventajas de hacer las paces, pero terminaron forjando alianzas entre ellos para seguir delinquiendo.

El experimento de Rangel Ávalos, que posteriormente cayó en desgracia, creó un monstruo, afirmó el abogado y criminalista Luis Izquiel.

“Fue un gravísimo error del gobierno, cederle un territorio de impunidad a diversas bandas, en distintas partes del territorio nacional”, comentó desde Caracas.

“Esas bandas, lejos de desarmarse, lejos de abandonar el camino del crimen, como pretendía ingenuamente el gobierno, esas bandas lo que hicieron allí fue fortalecerse, crecer, armarse hasta los dientes y ampliar la gama de delitos que cometían”, enfatizó Izquiel.

La Cota 905 era una de las Zonas de Paz organizadas por el gobierno. Allí no entraban patrullas de la policía lo que dejaba a sus residentes bajo merced de las pandillas.

Arquitectura penitenciaria 

Las bandas también imitaron la organización interna de las pandillas que controlan los grandes centros penitenciarios del país, cuyos líderes son conocidas internamente como “pranes”.

De hecho, algunas de las megabandas son dirigidas desde centros penitenciarios por los “pranes”, también conocidos como “Principales”, con la ayuda de un reducido grupo de lugartenientes y elementos armados conocidos como “Luceros”.

“Muchas de estas bandas tienen su origen en las cárceles, gente que se conoció allí y que luego al salir se unieron y replicaron el esquema de ordenamiento que les permitía gobernar los centros penitenciarios”, dijo Izquiel.

Y el origen de los armamentos también puede ser rastreado a los centros penitenciarios, donde las pandillas cuentan con un amplio arsenal de armas de guerra, vendido por funcionarios corruptos de la Guardia Nacional.

“Hace 15 años era muy difícil conseguir algo más allá que un chuzo [cuchillo de fabricación casera] o un chopo [pistola de fabricación casera] en las cárceles venezolanas”, añadió Cedeño.

“Pero eso no existe hoy en día. Lo que consigues en las cárceles hoy son armas automáticas, rifles de asalto y hasta granadas, todo en mano de los reos”, añadió.