A dos años de la regulación de sus servicios, las clínicas lanzan un SOS a las autoridades nacionales ante el impacto generado por los controles, la inflación y la fuga de personal hacia distintas  actividades económicas

Redacción

Frente al caos que arropa a las instituciones públicas de salud, las clínicas privadas  son una alternativa confiable, sin embargo,  en la actualidad y a dos años de haber sido establecidas las regulaciones a sus servicios, estos centros lanzan un SOS a las autoridades nacionales, ante el impacto generado por las camisas de fuerza impuestas por el Gobierno para regular el costo de sus servicios, lo que las mantiene al borde del colapso.

A través de un documento escrito, enviado a la redacción de este medio por las clínicas de Anzoátegui, se explica que la regulación impuesta en Junio de 2013, con precios de  2011, les mantiene atados, por lo que plantean una actualización de la metodología que reguló su funcionamiento asistencial  por intermedio de un mecanismo rígido como lo es la Providencia Administrativa No. 294.

Esta Providencia impide la consulta a la propia estructura de costos de los sujetos regulados (las clínicas) y  violenta la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual afirman,  establece en su artículo primero,  que dicho instrumento legal tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, y determina un Sistema de Adecuación Continua de Precios Justos.    

Advierten que cuando en la Providencia No. 294 se fijaron los precios de los servicios de las clínicas, no se tomaron en cuenta  los costos de las mismas; los cuales se incrementaron no sólo por la inflación, sino además por las incidencias salariales a raíz de los sucesivos ajustes por Decereto, pero limitando toda posibilidad de incremento en los costos afectados por la inflación y la inestabilidad cambiaria. Es por todos conocidos que los insumos quirúrgicos y material clínico es importado en su totalidad.

Vista la realidad, señalan que se  impide que los precios reflejen una verdadera relación justa y equitativa, conllevando a que los mismos estén por debajo de lo que cuesta realmente prestar el servicio, lo que conlleva a una desmejora en  la calidad del servicio y, en no pocos casos, a la posibilidad de desaparición, por resultar inviable la operatividad para el sector.

Añaden que la desmejora del servicio o su desaparición no es el objetivo que busca la Ley, cuando habla de desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, de la cual las clínicas privadas forman parte.

“En definitiva la implementación de la metodología regulatoria debe estar sustentada en concordancia con  la estructura de costos de las clínicas de acuerdo a su complejidad, y no por procedimientos de promediación de facturas de instituciones de diferentes niveles de servicio, hecho que direcciona un cuantioso ahorro por parte de las Aseguradoras y de las Instituciones que manejan Fondos Auto Administrados de Salud (FAS), en detrimento de la calidad de los insumos y servicios, y de la operatividad misma de las clínicas”.

Entre  los elementos citados que conspiran contra la permanencia de estas instituciones prestadoras de servicios de salud por parte de particulares,  destacan  las  regulaciones con imposición de precios que amenazan su  sustentabilidad y permanencia, así como  la  inflación no reconocida desde el año 2011.

Según detallan, sólo en el renglón de Recursos Humanos,  se han realizado ocho ajustes salariales, mientras  el noveno está por darse  en los próximos días, sin que hayan podido realizar  los consecuentes ajustes debido a la vigencia de la regulación ya referida.

La fuga del personal especializado hacía otras actividades económicas, es otro de los elementos citados, debido a que los salarios no satisfacen las necesidades básicas. A ello  se suma a  la falta de interés, comprensión y voluntad en el reconocimiento de la  problemática por parte de  las autoridades nacionales para que comprender  cómo funcionan y cuál es la estructura de costos  que tiene que asumir el sector para poder operar debidamente.

Otros aspectos que indican conspiran directamente contra el funcionamiento de las clínicas privadas como aliados del ente oficial prestador de servicios de salud, son el retraso de 2 años en la actualización de las tarifas y el contínuo atraso y ajuste en el reconocimiento y pago de las deudas generadas por la prestación de los servicios asistenciales, lo que afecta directamente la capacidad operativa dentro de los estándares exigidos.

En una segunda entrega ofreceremos mayor información acerca de la posición en la que se encuentran las clínicas privadas del estado Anzoátegui, frente a los controles y regulaciones impuestos por el Gobierno nacional, en detrimento de estas iniciativas empresariales en el área de salud que tanto apoyo brindan a las comunidades en momentos en los que la salud pública atraviesa una crisis sin parangón.