Observatorio de Cedice investigó la relación entre el gasto y el patrimonio social durante el llamado socialismo del siglo XXI

Con información de nota de prensa 

El objetivo del actual gobierno, desde que Hugo Chávez subió al poder en 1999, ha sido implantar el socialismo en Venezuela. Para cumplirlo fue necesario fortalecer el apoyo político proveniente de los sectores populares mayoritarios a través de la implantación de las “misiones sociales”.

Esta operación política fue acompañada de un proyecto propagandístico mediante el cual, se logró convencer a una parte de la opinión pública nacional e internacional de que la real intención del socialismo del siglo XXI era redimir a la población más vulnerable, hacer justicia a los más pobres, intención que requería alinear todos los recursos fiscales del Estado hacía ese fin. El gasto social se reorientó hacia acciones desarrolladas en tres campos: alimentación, salud y educación.

Esta es una de las conclusiones de la investigación “La paradoja entre un gasto social creciente y la destrucción del patrimonio social de los venezolanos”, realizada por los sociólogos Isabel Pereira Pizani, Ana Maria Carrasquero y Rafael Quiñones, del Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad.

Según los investigadores, esta nueva inversión durante los últimos 15 años no ha repercutido en la calidad de vida de la población. Los nuevos sistemas no funcionan y los que se habían construido durante la segunda mitad del siglo XX están semidestruidos.

“Todo este aparataje ha servido de telón para ocultar la gran estafa hecha a los venezolanos con el manejo del gasto social, que ha sido empleado más como instrumento político-publicitario que para desarrollar políticas públicas. Su fin ha sido mantener a la población en total dependencia de los subsidios del Estado, sin ninguna posibilidad de alcanzar niveles crecientes de autonomía personal y ciudadana como claves para su desarrollo humano y ejercicio de responsabilidad ciudadana”, expresa el informe.

“Hoy los hospitales públicos están en crisis por el mal estado de sus infraestructuras y la falta de recursos y equipos para atender a los pacientes. Y la red Barrio Adentro entró en un estado de dejadez por su inexistente capacidad curativa y por la carencia de recursos humanos comprometidos con la labor sanitaria. Por su lado, el sector alimentación se nutre de la disminución de la capacidad productora interna y la mala utilización de recursos fiscales, consecuencia de las erradas políticas adoptadas por gobierno”, indica.

La investigación refiere que este fracaso en la orientación del gasto social ha generado crecientes y graves problemas de malnutrición, atraso y pérdidas en la formación de recursos humanos, brotes de problemas sanitarios y destrucción patrimonial derivada del abandono de infraestructuras. Esto convierte a Venezuela en un país con una desmejora notoria de la calidad de vida, grandes alteraciones de la paz y altísimos niveles de conflictividad.

Contraloría ciudadana

La capacidad contralora del gasto público,  en general,  y del gasto social,  en particular,  se ha perdido tanto de parte de las instituciones responsables como de los ciudadanos, por la opacidad de la información y el manejo extrapresupuestario sin controles ni auditorias. La Asamblea Nacional y la Contraloría Nacional son extensiones del gobierno central, sin poder alguno para incidir en la orientación y ejecución del gasto público y en el seguimiento de los fondos de ahorro nacional.

“El deterioro de la calidad de vida de los venezolanos es consecuencia del uso encubierto del gasto social en la creación de parasistemas cuyo único objetivo es asegurar la fidelidad política de los sectores populares, sin importar que esta sea una de las causas de la perpetuación de la pobreza. El ciudadano común debe hacerle seguimiento al gasto público pues es su patrimonio el que está en juego”, concluye el informe.