El Mercurio Web | Noticias, Información y Análisis

View Original

640 casos de jóvenes procesados hubo sólo en Anzoátegui

Foto: Archivo

Abogado Carlos Andrés Bolívar asegura que en 2014 no había sido autorizado el uso de armas en manifestaciones, pero aun así se produjeron  43 muertos en protestas

Niurka Franco

La resolución emanada del Ministerio de la Defensa, que autoriza el uso de armas de fuego en manifestaciones, continúa dando de qué hablar y crispando los nervios de muchas familias, cuyos hijos aún son estudiantes.

Y es que de acuerdo con lo dicho por el abogado Carlos Andrés Bolívar, “solo en Anzoátegui fueron procesados 640 jóvenes, muchos de los cuales habrían sido objeto de torturas, heridos por armas de fuego, mientras a otros asegura,  se les vulneró el derecho al debido proceso, todo lo cual ocurrió sin estar legalizado el uso de armas de fuego. “No queremos imaginar, lo que podría suceder ahora”.

El profesional del derecho quien forma parte de la organización Foro Penal, sostiene que entonces, el número oficial de víctimas mortales se elevó a 43, mientras todavía hay estudiantes presos en las cárceles del país, varios de esta entidad.

“Desde aquí, en solidaridad con los colegas que conforman Foro Penal, reitero el llamado a los militares venezolanos, para que tengan presente que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que nunca podrán alegar el haber estado cumpliendo órdenes, para justificar acciones en contra de  derechos humanos”.

Expresa que la situación de crisis  evidenciada en las gigantescas colas que ahora se pretenden ocultar, así como la escasez de productos básicos de alimentación e higiene, además de medicinas, permite observar un gran descontento en la población, cuya vida se diluye en un eterno transitar para sobrevivir.

“Todo lo que sucede es desesperante y la respuesta del Gobierno no puede ser autorizar el uso de armas para impedir que la población amparada en el artículo 68 de la Constitución Nacional, exprese pacíficamente su descontento por una situación que el Estado está obligado a resolver”.