El diputado Luis Edgardo Mata afirma que el Gobiernoirrespeta permanentemente los derechos humanos de la población, mientras el Poder Judicial y la Defensoría están politizados

Niurka Franco

Con la violación de los derechos humanos de los presos políticos y de la población en general, queda en evidencia el carácter militarista del Gobierno, aseveró el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Edgardo Mata, quien añade que la población no está exenta de este maltrato, pues cuando se le somete a interminables colas para comparar alimentos de primera necesidad, se le está violando un derecho fundamental que el Estado debería garantizar.

El parlamentario hizo el pronunciamiento a propósito de las denuncias recientes sobre la situación que viven los presos políticos en “la tumba”, celda en la que según denuncias de  los privados de libertad, se les estaría negando hasta el derecho a la salud, al prohibírseles recibir los rayos del sol, entre otras limitaciones.

El profesional del derecho y representante del Parlamentodespojado de toda limitación calificó la referida celda como “la Rotunda del Siglo XXI”, mientras aseveró que la existencia de ese lugar pone de relieve el carácter militarista del Gobierno “.

“Ellos (representantes del Gobierno) están pidiendo la liberación de Carlos el Chacal, que es un terrorista y que según sus propias declaraciones acabó con la vida de más de 1500 personas en atentados, pero violan los derechos humanos a personas que ni siquiera han sido juzgadas”.

Criticó a los integrantes del Poder Judicial, el cual asegura es el patio trasero del Ejecutivo, al tiempo que condenó el proceder del  Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. “Ese señor tuvo una pobre actuación en el estado Anzoátegui, donde fue un gobernador gris y ahora repite su triste papel al frente de la Defensoría del Pueblo, donde lo único que hace es justificar lo injustificable”.

El parlamentario hizo alusión a la resolución 008610, emanada del Ministerio de la Defensa, la cual a su juicio nació nula. Advierte que ninguna resolución puede estar por encima de la Constitución, que en su artículo 68 prohíbe el uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas.

Desde su perspectiva, pronto deberá haber un pronunciamiento sobre  el recurso de nulidad que por inconstitucionalidad, introdujo en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la diputada Delsa Solórzano, con apoyo de la MUD, contra la Resolución firmada por el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López.