Con información de NOTIMEX

Por Rodolfo Rivera. Corresponsal

Caracas, 26 Sep (Notimex).- El recelo gubernamental de aprobar divisas a empresas privadas, abrieron la compuerta a un gigantesco fraude a Venezuela, afirmó el economista Diego Marturet.

“Dos mil y una trampas se han descubierto, luego de que personas naturales y jurídicas recibieran dólares preferenciales para importar alimentos y posteriormente los negociaran en el mercado negro, precisó el economista Diego Marturet, experto en investigaciones financieras.

Marturet afirmó a Notimex que este prejuicio gubernamental le ocasionó al país la pérdida de entre 25 y 30 mil millones de dólares, y convirtió en millonarios a grupos que hicieron del acceso a las divisas oficiales “uno de los mejores negocios del mundo”.

“Sin embargo, extraña que luego de unos cuantos meses de haber convertido a Cadivi (Comisión de Administración de Divisas) en el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), y de múltiples investigaciones, nadie haya sido detenido”, precisó.

El exdirectivo del extinto Banco Consolidado explicó que la creación de empresas “de maletín” (compañías fantasmas), con domicilios que existen solo en el papel, fue un modus operandi estelar, pero no el único para defraudar el control de cambio.

“La venta de empresas recién creadas, listas para realizar importaciones; entrega de información privilegiada para obtener las aprobaciones de divisas y la simulación de compras en el exterior, fueron otras de las modalidades de esta estafa a la nación”, añadió.

Marturet agregó que además de las empresas de “maletín”, hubo otras sociedades mercantiles con mayores niveles de organización, que también hallaron más de un agujero en la burocracia estatal para captar el maná de los dólares preferenciales.

“Grupos organizados alrededor de los controles cambiarios manejaban con anticipación un dato estratégico: cuáles serían los códigos arancelarios precisos que recibirían con preferencia las aprobaciones, según testimonios recogidos”, reveló el analista.

Destacó que esta información permitía constituir compañías con objetos sociales a la medida, lo que ayudaba a pasar los filtros de la eliminada Cadivi. También facilitaba negociar de antemano -con muchos proveedores extranjeros-, los rubros privilegiados por las autoridades.

“Algunos sabían, por ejemplo, que el tema agrícola era una prioridad y se prepararon para perseguir los dólares preferenciales. En 2011, por ejemplo, se destinó 79.0 por ciento de las divisas asignadas por Cadivi para la compra de maquinarias e insumos agrícolas”.

Agregó que el gobierno no puso restricciones, en principio, a la entrega de divisas a empresas recién creadas o sin trayectoria: la ventana fue aprovechada por grupos inescrupulosos que las utilizaron para captar dólares preferenciales a diestra y siniestra.

“La compra de alimentos fue una de las áreas más afectadas por la sobrefacturación. No se verificaban las importaciones, ya que el nerviosismo por evitar la escasez y los aumentos de precios limitaron esos controles a la calidad de los productos”.

Marturet sentenció que se llegó a importar alimentos de los cuales el país tenía buenos niveles de abastecimiento.

Denunció que ”el final de esta historia es que toneladas de comida se pudrieron en contenedores que nadie se atrevió a retirar del terminal marítimo de Puerto Cabello”.

Señaló que la existencia de estas modalidades delictivas fue confirmada a principios del mes de agosto por Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, quien reveló los nombres de apenas una quinta parte de las 782 empresas investigadas.

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