A cinco años de su detención, María Lourdes Afiuni tiene prohibido "realizar cualquier actividad remunerada"

Caracas. Evely Orta

La comunidad internacional se pronuncia con relación al juicio que se le sigue a la jueza María Lourdes Afiuni, a quien se le han violentado todos sus derechos fundamentales.

La Unión Internacional de Magistrados rechazó la demora en el proceso que se le sigue a la jueza Afiuni, en vista de que durante todo ese tiempo ha tenido que "vivir del auxilio familiar" como consecuencia de medidas que le impiden "realizar cualquier actividad remunerada".
El comunicado recordó que este miércoles 10 diciembre de 2014, se cumplen cinco años de su detención bajo diversas imputaciones penales, no aclaradas en sede judicial alguna.

El texto reseña que se tiene previsto para este miércoles la nueva citación a la jueza para que comparezca al Juzgado de Caracas, pero "es de prever una nueva suspensión de audiencia, dado que la jueza titular de la Sede judicial encargada se encuentra aún de licencia".

La organización señaló que Afiuni conserva su estatuto de magistrada y que "por motivos inexplicables", no se ha hecho los procedimientos correspondientes para separarla de su cargo, dejándola imposibilitada para realizar cualquier actividad remunerada.

"La Unión Internacional de Magistrados reitera su preocupación e insta a las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela a respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y así, asegurar al derecho de la Jueza Afiuni a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales y darle amparo contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley", advierte la misiva. 

El 10 de diciembre de 2009, la vida de la jueza María Lourdes Afiuni cambiaría su rumbo al ser detenida por dejar en libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, siguiendo una resolución de Naciones Unidas.

La detención de Afiuni marcó un hito en la historia al ser fue la primera magistrada "condenada" a pena máxima (30 años de prisión) por el presidente fallecido Hugo Chávez Frías en cadena de radio y televisión.

Esto fue una muestra irrefutable de la falta de separaciones de poderes. El caso de la magistrada se encuentra en un "limbo legal".