Un grupo de 15 organizaciones denunciaron uso excesivo de la fuerza, tortura y tratos crueles durante las protestas de febrero-mayo

Con información de EP

Amnistía Internacional, junto a otras 14 ONG, ha denunciado este miércoles la "práctica común" de la tortura en el país durante la última década, apuntando, en concreto, a las últimas protestas contra Nicolás Maduro, y ha instado al país a "mandar una señal inequívoca" de rechazo.

Estas 15 organizaciones humanitarias han recabado información "en la que se evidencia cómo en estos diez años la práctica de la tortura y otros tratos crueles por parte de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado siguen siendo común".

En concreto, señaló que "en los últimos meses, en el contexto de protestas contra y a favor del Gobierno, ha sido evidente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y decenas de manifestantes han denunciado haber sido objeto de torturas y otros tratos crueles".

También han denunciado la impunidad en la que permanecen estos crímenes. "En la mayoría de los casos los perpetradores no son llevados ante la Justicia y las víctimas no tienen acceso a reparación", ha lamentado.

Además, han subrayado que "las víctimas de estas graves violaciones, al igual que los defensores de los Derechos Humanos, son con frecuencia hostigadas", sumándose así este agravio a los crímenes ya cometidos y a su impunidad.

Asimismo, han apuntado a "las violaciones de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad; la falta de implementación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la falta de protección a los Derechos Humanos de grupos específicos como los refugiados, los indígenas y la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)".

Los firmantes han indicado que "todas estas graves denuncias se producen a menos de un año de que entrara en vigor la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en Venezuela".

A este respecto, han valorado que, aunque "es un gran avance", junto a "los importantes esfuerzos por reformar los cuerpos policiales y adecuarlos a los estándares internacionales, se siguen denunciando torturas y otros tratos crueles, lo cual muestra que el Estado está aún lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales".

Que venga el relator

Estas 15 ONG han emitido este comunicado de cada a la comparecencia de Venezuela, por primera vez en diez años, ante el Comité contra la Tortura de la ONU, entre el jueves y el viernes. "No podría ocurrir en un momento más relevante", han considerado.

"El Gobierno venezolano tiene la oportunidad de mandar una señal pública, clara e inequívoca de rechazo a cualquier acto de tortura e indicar las medidas que tomará para poner fin a la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas a reparación y rehabilitación", han dicho.

Las organizaciones humanitarias han sostenido que "las graves denuncias recibidas en estos diez años muestran claramente cómo el Estado debe continuar y profundizar la reforma de las fuerzas del orden para adecuar su actuación a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el trato a las personas detenidas y recluidas".

"Se debe, además, reforzar las salvaguardas para garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas y recluidas y, en particular, de todas las personas sometidas a detención o reclusión en condiciones que constituyen tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, o degradantes en retenes policiales y establecimientos penitenciarios".

"Venezuela debe mostrar su compromiso con la protección y promoción de los Derechos Humanos no sólo tomando medidas urgentes para poner fin a la tortura y a otros tratos crueles, sino cumpliendo con las recomendaciones de organismos internacionales y regionales de Derechos Humanos y abriéndose a su escrutinio", han afirmado.

Así, han exhortado a Venezuela "a extender una invitación al relator de la ONU contra la Tortura y a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes".

"La lucha contra la impunidad debe pasar por reconocer nuevamente la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos asegurando así que cualquier persona que haya visto sus derechos vulnerados y no haya obtenido protección en el sistema de justicia nacional pueda acudir a esta instancia interregional para ver garantizado su derecho a la verdad, justicia y la reparación", han concluido.