Gobierno busca negociar para evitar Carta Democrática de la OEA; por Elsa Cardozo

En medio de las expresiones internacionales de franca preocupación por el acelerado deterioro de la situación venezolana son de especial trascendencia las palabras del secretario general de la OEA, no solo por lo que revelan de su comprensión de la gravedad de la situación y de su disposición a hablar y actuar. Lo son también porque han colocado institucionalmente el tema de la responsabilidad internacional en términos nada ambivalentes, en contraste con quienes se conforman con recomendar diálogo y proponerse como mediadores.

Almagro ha anunciado que en los próximos días distribuirá un informe que, cabe dar por descontado, presentará a Venezuela como país en el que se está produciendo una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático, en términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. De ser así calificada en el Consejo Permanente por la mayoría simple de los miembros de la OEA, se iniciarán gestiones diplomáticas para procurar la normalización de la institucionalidad democrática. Una cuenta gruesa permite anticipar que no será tan difícil para el secretario general lograr los 18 votos necesarios.

Por lo pronto, la presentación del informe y la votación en el Consejo recolocan el tema de la mediación internacional en el lugar que le corresponde, no como mero y cómodo ejercicio apaciguador.

Equivocada e interesadamente, se ha intentado la intermediación entre dos posiciones, por un lado, la permanencia del presidente en su cargo hasta finalizar su período y, por el otro, la posibilidad de su término anticipado a través de un referéndum revocatorio que todo indica –especialmente los bloqueos que le impone el gobierno– que será ganado por la opción de revocar y convocar de inmediato a nuevas elecciones. Pero ese enfoque es errado, y ya no solamente porque esa consulta es un derecho establecido en la Constitución venezolana. Tal y como van las cosas, precipitadas por el propio Maduro y el círculo en que se apoya, lo de su permanencia en el poder hasta 2019 ya no es una opción sostenible ni conveniente para nadie. De modo que el asunto no es propiciar el diálogo para la estabilización política del gobierno, a lo que se han limitado las gestiones de Leonel Fernández, Martín Torrijos y José L. Rodríguez Zapatero, acompañados por la Unasur.

En este momento, y hace un rato ya, sobre lo que puede y debe contribuir la comunidad internacional es en apoyar el desarrollo de una hoja de ruta entre cuyos puntos fundamentales de inicio tienen que estar la garantía de realización del referéndum revocatorio y, por supuesto, la inmediata atención a la emergencia humanitaria y el respeto al Poder Legislativo.

El propio Almagro lo ha expresado con toda claridad: “La única salida, que es algo en lo que debemos trabajar en los próximos días o semanas, es el camino institucional, el camino constitucional, que significa devolver la decisión al pueblo”.

Con ese propósito y en esos términos, las gestiones diplomáticas podrían contribuir a la comunicación entre los actores políticos relevantes, hoy día más evidentes en la oposición que en el gobierno. Y mucho más que eso: deberán hacerse con disposición y capacidad para proponer hitos en la hoja de ruta y, no menos crucial, crear incentivos para que se cumpla el itinerario.

Lo más importante, de regreso al asunto principal que puede quedar planteado en las próximas semanas desde la OEA, bienvenida sea, es que el tema en cuestión no es otro que la urgente normalización de la institucionalidad democrática y que, dada la escala de su descalabro en Venezuela, pasa necesariamente por una consulta a los electores, este año.

vía El Nacional