La Sala Constitucional del TSJ suspendió los efectos de los actos parlamentarios por considerar que la AN usurpó funciones del Ejecutivo Nacional

Evely Orta

De acuerdo a lo publicado en la Gaceta oficial Nº 40.927 que circula este lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se auto declaró competente para investigar las acciones en contra de las presuntas actuaciones, vías de hechos y amenazas de daño inminente emanadas del presidente y la mayoría de los diputados que conforman la Asamblea Nacional (AN).

En el texto se destaca que la Sala Constitucional del TSJ suspendió los efectos de los actos parlamentarios de fechas 10 y 31 de mayo por considerar que la AN usurpó funciones del Ejecutivo Nacional.

Así mismo el dictamen ordenó “a la Asamblea Nacional, a su Presidente, a su Junta Directiva y a sus miembros en general, abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la República y, en general, desplegar actuaciones que no estén abarcadas por las competencias que les corresponden conforme al ordenamiento jurídico vigente, y que, por el contrario, constituyen competencias exclusivas y excluyentes de otras ramas del Poder Público, si pena de incurrir en las responsabilidades constitucionales a que haya lugar, todo ello con especial sujeción a las disposiciones previstas en los artículos 137 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según los cuales “La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”, y “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

La Sala Constitucional se declararó competente para conocer la acción ejercida por los abogados Reinaldo Muñoz, Leyduin Morales y Ramona Chacón en contra de las presuntas actuaciones, vías de hecho y amenazas de daño inminente, por parte del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup y la mayoría parlamentaria.

La Procuraduría General de la República interpuso una acción de amparo constitucional en contra de las acciones de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que, según esta instancia gubernamental, tiene como objetivo “consumar un golpe de Estado”.

“La actual mayoría de la Asamblea Nacional, circunstancial y opositora al Gobierno nacional, ha venido desplegando una serie de actuaciones legislativas y no legislativas que han tenido como objetivo destruir la credibilidad del Gobierno nacional”, se argumentó en el texto presentado ante la Sala Constitucional.