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Diego Salazar Carreño: Primo de Rafael Ramírez involucrado en caso Andorra

Diego Salazar Carreño: Primo de Rafael Ramírez involucrado en caso Andorra

Foto: Cortesía

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En España señalan a los protagonistas venezolanos del escándalo que apunta a un desfalco en Pdvsa

Redacción. 

Dos mil millones de dólares. Esa es la cantidad que presuntamente se movió en el entramado de lavado de dinero que involucra a Pdvsa con la Banca Privada de Andorra (BPA). 

Al encargado del área de seguros y reaseguros de la petrolera, Diego Salazar Carreño, lo vinculan con el caso.

Este primo de Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa, fue mencionado por el periodista Nelson Bocaranda como una pieza clave en la investigación a la BPA, por el presunto seguimiento de sus cuentas y tarjetas de crédito. 

El pasado martes, Bocaranda aseguró en un tuit que Salazar llegó a dar una propia de 100.000 euros a un mesonero del Hotel Crillon de País, lo que prendió las alarmas de Francia y la Unión Europea. 

El canal español Telecinco transmitió este viernes un reportaje en que lo menciona como un "boliburgués" que en diciembre de 2012 pidió información a un contacto en la filial de la BPA en Panamá tras el bloqueo de algunas cuentas. 

La Guardia Civil española, que en ese momento investigaba al mafioso ruso Andre Petrov, habría interceptado una conversación en la que el director de la BPA describía un plan para ocultar el dinero venezolano: armar expedientes para demostrar actividad comercial y operar con sociedades de Panamá o Bélice para convertirlo en evasión fiscal, que no es delito en Andorra. 

También habrían escuchado una conversación en la que Salazar admite tener una cuenta con mil millones de dólares y otra en la que platea sobornar a la fiscalía andorrana, mencionando haber pagado 80.000 a un jefe policial venezolano que le pisaba los talones. 

El comandante de la Unidad de Información de la Guardia Civil explicó "los rusos hablan de 100 millones de euros, mientras los venezolanos de miles de millones de dólares". Así fue como concluyeron que había "un Estado detrás". 

La justicia española autorizó entonces proporcionar información a Estados Unidos para que el Departamento de Estado investigara a la BPA, el inicio de la tormenta que cada día empeora para el gobierno venezolano. 

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